El Corte Inglés, uno de los principales minoristas y distribuidores españoles y que atiende ya a clientes de todo el mundo, ha puesto sus miras en tener su propia bolsa de criptomonedas.
Para ello, el grupo ha recurrido a Deloitte, una de las cuatro grandes firmas, que le ayudará a desarrollar una plataforma para ofrecer a los 11 millones de clientes del minorista un «nuevo concepto de inversión», según informó El Confidencial.
La decisión es el resultado de un «debate interno de meses sobre la conveniencia de aventurarse en este mundo de las inversiones alternativas», e incluye la creación de una nueva empresa llamada Bitcor, que permitirá a los clientes operar con activos digitales como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).
Bitcor ya ha sido registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para prestar «servicios financieros, transacciones financieras relacionadas con el cambio de divisas y el comercio de divisas», y aprobada por la Comisión Europea.
Cabe destacar que España, donde tiene su sede El Corte Inglés, había decidido a principios de este año comenzar a regular oficialmente el Bitcoin y otras criptodivisas, tras la aprobación del proyecto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por parte del Consejo de Estado en diciembre de 2021.
Sin embargo, las criptodivisas siguen siendo abordadas con escepticismo por algunas importantes figuras financieras del país, como el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Según informó Finbold a finales de febrero, Hernández de Cos ha buscado un control más estricto del mercado de las criptomonedas, incluyendo su seguimiento, regulación y supervisión.
Más recientemente, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo había votado en contra de la prohibición de los mecanismos Proof-of-Work (PoW) subyacentes a activos digitales populares como Bitcoin y Ethereum. Si se hubiera aprobado, la prohibición habría puesto fin al uso de estas criptomonedas en la Unión Europea (UE).
Será cuestión de tiempo ver si la aceptación de los criptoactivos por parte de las grandes empresas españolas consigue modificar los proyectos de ley de forma pasiva haciéndolos menos estrictos, o si tiene el efecto contrario.
